El 30 de diciembre de 2018, el Gobierno de Castilla-La Mancha firmó un convenio con la entidad financiera Liberbank para el fomento de la venta y el alquiler social de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.
En su seno, en enero de 2020 se produjo una reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento del convenio en la que se llevó a cabo un repaso de las 150 viviendas vacías que contempla el convenio, distribuidas por la región, y se abordó la mejora de los procedimientos de adjudicación para ampliar el número de personas beneficiarias y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
En febrero de 2022, el presidente García-Page mantiene un encuentro con representantes de entidades financieras para conocer la hoja de ruta de éstas en torno a la movilización de sus activos inmobiliarios para cooperar en materia de ocupación ilegal de viviendas. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, a la vez que se trabaja por fomentar e incentivar la vivienda en alquiler a precios asequibles a cambio de ofrecer garantías a las personas propietarias, también se plantea la movilización de viviendas vacías propiedad de las entidades financieras para luchar contra la ocupación ilegal y a la vez proveer vivienda en el mercado de alquiler a precios accesibles para las familias.
En la línea de potenciación del diálogo con las entidades financieras que se lleva a cabo desde el año 2015, se ha presentado una nueva medida en beneficio de las personas jóvenes para mejorar su acceso a la vivienda, con la firma del Plan 10.000 con agentes privados para la construcción de 10.000 viviendas en régimen de alquiler y de compraventa a precios asequibles. En este acuerdo se incluye la creación de avales para que, personas jóvenes que tienen ingresos suficientes para pagar una hipoteca pero no liquidez para afrontar el pago del 20 por ciento de la vivienda que les permita acceder al crédito, cuenten con un aval público que les facilite el acceso a una vivienda digna.
En junio de 2023 la Junta de Comunidades publica una nueva convocatoria de ayudas para que los Ayuntamientos y entidades publicas puedan adquirir viviendas propiedad de la SAREB para destinarlas a alquiler social. Las ayudas pueden ser del 100 por cien del coste de la vivienda, con el límite de 75.000 euros por vivienda. El plazo finaliza en septiembre de 2024.
