El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en una Ley de Integridad Pública. Esta norma prevé la creación de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de autoridades y cargos del sector público autonómico, así como la creación de la Oficina de Integridad Pública.
El anteproyecto de Ley define qué se entiende por conflicto de intereses y establece como infracción muy grave la intervención o adopción de decisiones en asuntos en los que confluyen o colisionan intereses del puesto público o en el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades, con intereses privados o personales, ya sean profesionales o económicos, que conlleven un beneficio o un perjuicio a los mismos. Entre las funciones de la Oficina de Integridad Pública se encuentra colaborar en la investigación de posibles casos que comporten conflictos de intereses y recibir, evaluar y tramitar cualquier comunicación relacionada con conductas opuestas a la integridad que pudieran comportar conflicto de intereses.
La tramitación se inició en 2021 con un proceso de consulta pública previa que finalizó en el mes de julio habiendo recibido una aportación. En julio de 2022 se inicia el trámite de información pública, que finaliza en septiembre de 2022. El 26 de diciembre de 2023, el Consejo de Gobierno toma en consideración el texto del anteproyecto. Hasta la fecha hay cuatro borradores del texto.
