El 4 de marzo de 2020, el vicepresidente de Castilla-La Mancha se reunió con los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha -PSOE, PP y Ciudadanos- para mostrarles la propuesta del Ejecutivo autonómico que pasa por la creación de un nuevo Estatuto de Autonomía.
El 9 de diciembre de 2020, el presidente García-Page firmó con los partidos políticos, agentes sociales y representantes de la sociedad civil el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua, que permite defender los intereses estratégicos de Castilla-La Mancha en materia hidrológica con una sola voz.
Desde 2019 se han planteado 5 propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía por parte de Aragón, Murcia, La Rioja, Islas Baleares y Cantabria. Las modificaciones aprobadas han versado sobre otros aspectos y en ningún caso han hecho referencia a reservas ni gestión del agua, por lo que no se ha dado la circunstancia a la que aludía el presidente en su sesión de investidura para proponer un debate parlamentario.
De todos modos, el 24 de enero de 2023 el Consejo de Ministros aprueba la nueva planificación hidrológica para el periodo 2021-2027, en concreto la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. En el proceso de consulta y elaboración de los planes de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha se ha participado activamente por parte de la Junta de Comunidades elevando las consideraciones y propuestas en defensa del interés general de la comunidad autónoma.
