El Gobierno regional ha continuado poniendo en marcha planes de empleo en colaboración con las Diputaciones provinciales. Estos planes de empleo no serían necesarios si el mercado de trabajo absorbiese el desempleo de larga duración, pero el Gobierno regional es consciente de la necesidad de dar una oportunidad a las personas para mejorar sus condiciones de empleabilidad.
El 29 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden de bases y la convocatoria del Plan de Empleo 2022, dotado con 94 millones de euros, para ofrecer una oportunidad de empleo a más de 11.400 personas desempleadas de larga duración. Esta convocatoria eleva más de un cinco por ciento la ayuda que el Gobierno regional pone a disposición de los ayuntamientos, hasta 8.200 euros para un contrato estándar de 6 meses de duración. Cabe recordar que en 2021 la aportación era de 7.790 euros, que se ha ido adaptando a las subidas del salario mínimo interprofesional (en la convocatoria de 2019 era de 6.300 euros).
Anteriormente, el 5 de julio de 2022, el presidente de Castilla-La Mancha firmó los convenios de financiación de esta convocatoria con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales, que aportan en su conjunto el 26,5 por ciento de la financiación del plan, 24,9 millones de euros, junto a los 69 millones de euros, el 73,5 por ciento, que aporta el Gobierno regional.
Además, la nueva convocatoria se adapta también a la Ley de Despoblación, que aporta una mirada especial a los proyectos a desarrollar en las zonas más despobladas, manteniendo el compromiso con la orientación laboral de las personas participantes. Se va a continuar incidiendo en circuitos personalizados de orientación e intermediación para facilitar su transición del empleo público protegido al mercado ordinario de trabajo, por ello, esta convocatoria reserva un 25 por ciento de plazas en los municipios mayores de 3.000 habitantes para personas en riesgo de exclusión social, con una reserva dentro de ese porcentaje del siete por ciento para personas con discapacidad, introduciendo también medidas correctoras para combatir la brecha de género, ya que el 55 por ciento de las contrataciones deben dirigirse a mujeres.
La inversión en los dos últimos planes de empleo alcanza un total de 196 millones de euros, para ofrecer un contrato de trabajo a cerca de 24.300 personas desempleadas durante 6 meses.
