A finales de 2017 se publica la Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias, que establece el marco regulador de un conjunto de acciones e instrumentos de estímulo económico para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia áreas geográficas determinadas. Su principal objetivo es reducir las diferencias de situación económica en el territorio de Castilla-La Mancha.
Los fines de esta Ley son:
a) Corregir los desequilibrios económicos y sociales de Castilla-La Mancha en términos de renta y desempleo.
b) Fomentar nuevas estructuras en el aparato productivo y favorecer la integración entre los diferentes sectores económicos.
c) Impulsar el potencial de desarrollo endógeno de Castilla-La Mancha, otorgando apoyo especialmente a las personas trabajadoras autónomas y a las pequeñas y medianas empresas.
d) Propiciar un desarrollo adecuado a la estructura empresarial de forma compatible con la preservación del medio ambiente y con la política de fomento de la actividad económica, asentando pilares para la generación de actividad económica y empleo estable y de calidad.
e) Procurar el sostenimiento y mantenimiento del tejido empresarial ya existente.
f) Promover la mejora de la competitividad, internacionalización de las empresas y la captación de inversiones.
g) Promover la innovación empresarial.
A la hora de definir las zonas prioritarias, uno de los criterios es considerar, junto con la pérdida de población, que el porcentaje de paro registrado supere el promedio regional al menos 3 puntos porcentuales, además de que el porcentaje del promedio anual del paro registrado del municipio respecto al total de la provincia represente, al menos, el 1%. Esta definición se realiza por Decreto del Consejo de Gobierno cada cuatro años.
En julio de 2018 se publica el Decreto de delimitación de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Tras cuatro años de vigencia de esta norma, en marzo de 2022 se inicia una consulta pública previa para su actualización, que concluye en el mes de abril de 2022, con 9 aportaciones recibidas al proceso participativo.
No obstante, la aprobación, en mayo de 2021, de la Ley 2/2021, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, viene a reconfigurar el sistema de estímulo al desarrollo de determinadas zonas de la Región, centrándolo en la lucha contra el despoblamiento, ante el convencimiento de que un desarrollo integral del medio rural es clave para el progreso de Castilla-La Mancha en su conjunto.
De este modo, la Ley establece la garantía de la prestación de los servicios básicos en el medio rural y una fiscalidad específica para las personas, familias y empresas que viven o que decidan trasladar su residencia al medio rural, así como medidas para la mejora del transporte entre las zonas despobladas y las zonas urbanas, mejora de la conectividad y medidas de fomento y diversificación de la actividad económica, de creación y mantenimiento del empleo y de apoyo a la promoción económica y empresarial, entre otras, por ejemplo, más intensidad en la cuantía de la ayuda al inicio de la actividad para empresas y personal autónomo de dichas zonas en las distintas líneas de subvención del Gobierno regional.
En desarrollo de la Ley, el Decreto 108/2021 determina las zonas prioritarias conforme a la clasificación establecida de cara a la aplicación de la planificación y programación regulada en la Ley, para lo que se tienen en cuenta criterios demográficos, de actividad económica, de usos del suelo y de accesibilidad en relación al medio urbano. La tipología queda fijada en las siguientes categorías: zonas escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, zonas rurales intermedias y zonas rurales periurbanas, cubriendo de una forma completa e integral, en función de la intensidad de impulso necesario, toda la geografía castellanomanchega.
