El objeto de la Ley de Evaluación Ambiental es establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.
El texto de la Ley persigue cuatro objetivos:
1. Simplificar la normativa de evaluación ambiental con el fin de evitar inseguridades jurídicas.
2. Extender la necesidad de aplicación de la evaluación de impacto ambiental a más categorías de proyectos que la normativa básica estatal, como norma adicional de protección y como forma de desarrollo adecuado a las singularidades de Castilla-La Mancha.
3. Mejorar y desarrollar aspectos de carácter básico de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental estatal, que así lo requieren y la corrección de cuestiones no previstas en dicha ley, para contribuir a un mejor cumplimiento tanto de la norma estatal.
4. Adaptar los procedimientos a lo previsto en la normativa europea.
El 5 de septiembre de 2019 se admite a trámite el Proyecto de Ley por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha. Tras el proceso de tramitación parlamentaria, el 6 de febrero de 2020 el Pleno de las Cortes regionales aprueba por unanimidad la Ley de Evaluación Ambiental, y se publica en el Diario Oficial el 13 de febrero. Entra en vigor a los 20 días de su publicación.
La evaluación ambiental es una herramienta indispensable para la protección del medio ambiente. Permite incorporar los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas. Garantiza una adecuada prevención de las repercusiones ambientales concretas que la realización de los proyectos puede implicar, estableciendo además medidas de evitación, de corrección o de compensación, así como los mecanismos para efectuar el seguimiento de su adecuada implantación.
