La nueva normativa persigue integrar las funciones y competencias de los distintos órganos de la Administración Hidráulica de Castilla-La Mancha y uno de sus objetivos más destacados es la regulación de la necesidad de la realización de una consulta previa a la Administración regional cuando se pretendan realizar transferencias y trasvases de agua que nos atañen de forma directa.
Asimismo, pretende avanzar en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en el sentido de concienciar a las personas usuarias, como beneficiarias últimas del recurso, de la necesidad de hacer un uso sostenible y eficiente del agua.
Con el objetivo de mejorar la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de esta norma, se abrieron procesos de consulta pública previa, a finales de 2019, y de información pública, en julio de 2020, para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la misma. Se recibieron aportaciones particulares de WWF España, de la Junta de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), de la Asociación Amigos Ríos de Cuenca, Asociación Ojos de Guadiana Vivos, de Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, de Cooperativas agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche, de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos y de Sierra de Altomira, de Ecologistas en Acción y desde las Plataformas de Toledo en Defensa del Tajo y Pueblos Vivos de Cuenca.
El anteproyecto ha contado con cuatro borradores que incluyen, en su disposición adicional segunda, que Castilla-La Mancha ha de emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de transferencia de aguas que afecte a los intereses de la región, en defensa de las competencias e intereses de la comunidad autónoma.
El texto ha recibido el visto bueno de órganos como el Consejo Regional de Municipios, el Consejo del Agua o el Consejo de Medio Ambiente.
El 14 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno toma en consideración el anteproyecto de Ley de Aguas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Y tres meses después, el 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley.
El 23 de diciembre de 2021, la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha lo califica y admite a trámite, publicando el texto y apertura del plazo de enmiendas hasta 15 de enero de 2022.
El 17 de febrero de 2022 las Cortes regionales aprueban la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha que señala, en su disposición adicional segunda, que Castilla-La Mancha deberá tener trámite de audiencia en todos aquellos procedimientos en que se puedan ver afectados sus intereses para que, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, se alegue o informe cuanto estime oportuno.
