El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha en la clausura de la IX Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, celebrada en noviembre de 2019, hace un llamamiento para conseguir un Pacto Nacional por el Agua de manera urgente que tenga en cuenta a los ciudadanos de la España interior.
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El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha en la clausura de la IX Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, celebrada en noviembre de 2019, hace un llamamiento para conseguir un Pacto Nacional por el Agua de manera urgente que tenga en cuenta a los ciudadanos de la España interior.
De las 9 demarcaciones hidrográficas que conforman España, 7 afectan a Castilla-La Mancha (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero). Además, el territorio castellano-manchego ocupa una parte importante de la cabecera de cuatro de las principales cuencas hidrográficas españolas (Tajo, Guadiana, Júcar y Segura). Es por lo tanto, muy importante que en todas y cada una de estas demarcaciones hidrográficas puedan verse satisfechas, con todas las garantías, nuestras necesidades hídricas.
Al ser cuencas intercomunitarias, las competencias en la gestión de dichas demarcaciones está residenciada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siendo imprescindible la colaboración de todas las Comunidades Autónomas afectadas.
En el pleno de las Cortes regionales celebrado el 16 de enero de 2020 en el que se produce un debate general sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras los posicionamientos al respecto del presidente del PP y Vox en el Congreso de los Diputados, se aprueban varias resoluciones: dos resoluciones con el voto en contra del PP, una en la que se insta al Gobierno regional a que solicite al Gobierno de España el cambio de reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para asegurar la supervivencia del río ante la realidad climática y otra en la que se manifiesta el rechazo absoluto a la PNL presentada por VOX en el Congreso de los Diputados que exige que se incumplan los caudales ecológicos reconocidos por la UE y las sentencias del Tribunal Supremo. También se aprueba otra resolución, esta por unanimidad, en la que se insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a constituir una Mesa Regional del Agua, con todos los colectivos, asociaciones y organizaciones, administraciones e instituciones afectadas por el trasvase y blindar una posición regional consensuada en materia de agua que garantice las necesidades hídricas y el desarrollo de la región e instar al Gobierno regional a que defienda la posición regional consensuada en materia de agua y la presente como propia y única, especialmente en las negociaciones de un futuro Pacto Nacional del Agua.
A través del acuerdo regional por el agua firmado el 9 de diciembre de 2020, se reconoce que el agua es un bien de dominio público. Por lo tanto, una finalidad primaria, es que el agua sea administrada y preservada por los poderes públicos del Estado y gestionada en beneficio del interés general. Como recoge la Constitución Española, así como el resto de ordenamiento jurídico europeo y nacional en materia de aguas, el agua no es un bien comercial, sino un patrimonio público que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Castilla-La Mancha defiende un gran acuerdo nacional en torno al agua que responda a la realidad hídrica y ambiental y se aleje del partidismo, pero no es posible mantener como línea roja el sacar agua de la España interior seca para llevarla a la España costera seca, porque, en nuestro caso, no hay posibilidad de conseguir agua de otra forma que a través de nuestras masas de agua, superficiales o terrestres.
El presidente de Castilla-La Mancha ha valorado que la decisión del Consejo Nacional del Agua en relación al Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 puede salvar de verdad al Tajo y ha tendido la mano al conjunto de autonomías para fraguar un pacto en la gestión del agua. Tras la aprobación del plan de cuenca del Tajo por el Consejo de Ministros, en enero de 2023, el presidente reitera que está abierto a un acuerdo nacional del agua que garantice la sostenibilidad y reparto de los recursos hídricos, sin renunciar a la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo, que se aprobaron en el Consejo Nacional del Agua, conforme a las sentencias del Tribunal Supremo en este sentido.
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