El Gobierno regional mantiene su compromiso de que la política fiscal sea pactada en Castilla-La Mancha con los agentes sociales y de mantener congelada la presión fiscal.
Así lo trasladó el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital a los grupos políticos durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, al inicio de la legislatura, para dar cuenta de las líneas generales de actuación en su ámbito competencial a lo largo de esta legislatura.
Además, dentro de la ronda de reuniones que el Gobierno autonómico mantuvo con los agente sociales para explicar el presupuesto regional para el año 2024, con fecha 23 de octubre de 2023, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital se reunió con el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), un encuentro en el que coincidieron en poner en valor el hecho de que las cuentas no contemplen un incremento del endeudamiento ni de la presión fiscal a las empresas.
En relación al presupuesto para 2025, el Gobierno regional ha elaborado estas cuentas con prudencia y responsabilidad fisca, enfocadas a la contención del endeudamiento, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Es un Presupuesto que se ha elaborado en un escenario de normalidad y estabilidad política e institucional, que tiene el respaldo en el marco de diálogo social que se ha mantenido desde el inicio con los agentes sociales, así como el aval de los principales indicadores económicos, que ponen de manifiesto la confianza del tejido empresarial a la hora de invertir en la región.
Una política fiscal pactada basada en la equidad y progresividad tributaria, que son los ejes de la política que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en este ámbito.
Por ello, se está reclamando que se aborde la armonización fiscal, mediante una ley estatal, en relación con los tributos estatales que se gestionan desde las comunidades autónomas para implantar un sistema impositivo consensuado que evite la competencia fiscal desleal entre ellas. Se trata, en definitiva, que la ciudadanía pague sus impuestos en función de su capacidad económica y no en función de su lugar de residencia.
Por otro lado, el Gobierno regional presentó en marzo de 2025 un recurso de inconstitucionalidad contra el criterio de reparto del nuevo impuesto a la banca a las comunidades autónomas, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero de 2025, por considerarlo injusto y arbitrario ya que favorece a las autonomías con mayor renta y supone una ruptura con los principios más elementales de redistribución de la riqueza entre territorios.
