El Gobierno regional mantiene su compromiso con la congelación de la presión fiscal y con el mantenimiento de desgravaciones fiscales para familias, empresas y para zonas despobladas.
En relación a las desgravaciones fiscales que el Gobierno regional mantiene en su tramo autonómico para la campaña de la renta 2024, más de 200.000 contribuyentes se pueden beneficiar de un total de 25 medidas con el objetivo de atender a las familias, favorecer a quienes residen en zonas despobladas, incentivar la inversión empresarial así como promover donaciones de carácter social, entre otros beneficios, con un impacto económico estimado de 58 millones de euros (en 2023 fueron alrededor de 150.000 contribuyentes y 54 millones).
Con este conjunto de deducciones, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con la presión fiscal más baja, siendo la cuarta comunidad autónoma de régimen común en la que menos IRPF se paga, si se comparan los tipos máximos (22,5 %) y mínimos (9,5 %) autonómicos. Estas desgravaciones aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha están dirigidas a atender a los sectores de población con menor capacidad económica, en función de sus circunstancias personales y, en consecuencia, potencian el carácter progresivo y solidario que debe tener la política fiscal.
Además, los presupuestos para 2025 inciden en el compromiso de responsabilidad fiscal y la prudencia en cuanto a la estimación de ingresos y con moderación a la hora de determinar los gastos, haciendo compatible la congelación de la presión fiscal y la contención del endeudamiento, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Una prudencia en materia de ingresos y gastos que ha permitido que Castilla-La Mancha cierre el ejercicio presupuestario de 2024 con un superávit del 0,13 por ciento del Producto Interior Bruto regional, mejorando la previsión inicial de equilibrio presupuestario y reafirma el compromiso del Gobierno regional con una gestión rigurosa y coherente de los recursos públicos.
En este sentido, se destinan 7.125 millones de euros, el 72 por ciento del gasto no financiero, que son 2.625 millones más que lo presupuestado en 2015, para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales y se cuenta con un volumen de recursos de 1.459 millones de euros para financiar las inversiones, que duplican la cuantía de los últimos diez años.
