El Gobierno regional inició los trámites formales de elaboración del decreto de desarrollo de la Ley 3/2018, de 24 de mayo, de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, aprobada por unanimidad, para poner en marcha el sistema de planificación de apoyos destinado a aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y para que, con el apoyo de su familia o representante legal, puedan manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y la participación activa en el entorno comunitario cuando sus apoyos familiares falten.
Con dicha regulación, se pretendía dar cumplimiento a lo previsto en la citada norma en cuanto al diseño del modelo del plan personal de futuro, el acceso, la organización y funcionamiento de las unidades de orientación y apoyo, la composición y funciones de la oficina regional de orientación y apoyo, los perfiles profesionales y funciones de los agentes de mediación y la organización y funcionamiento del sistema de registro de planes personales de futuro.
En esta línea, Castilla-La Mancha expuso ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea el modelo de protección a las personas con discapacidad, dando a conocer la Ley de Protección y Apoyo Garantizado. Una ley pionera en Europa que implica a la Administración regional en la tutela efectiva de las personas con discapacidad cuando sus familiares más cercanos ya no pueden prestarles la atención necesaria.
La presentación se produjo en el marco del XVII Encuentro de la Semana de las Regiones y las Ciudades que celebra el Comité de las Regiones en Bruselas, donde Castilla-La Mancha expuso las políticas sociales en el marco de la sesión 'Política de cohesión para una Europa más social: regiones y ciudades inclusivas para todos'.
La Ley regional sirvió de base a la reforma legislativa estatal en materia de derechos de las personas con discapacidad llevada a cabo mediante la aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una vez más, Castilla-La Mancha ha abierto camino siendo referente e inspirando el nuevo sistema instaurado en el que se reconoce la primacía de la libertad de decisión individual de la persona y el respeto a su autodeterminación.
La nueva ley estatal elimina en nuestro país la incapacitación y sustituye el sistema de apoyos y planes de futuro previstos en la ley autonómica por las medidas voluntarias que, por concurrencia o en previsión de una futura discapacidad, puede establecer cualquier persona en escritura pública notarial. A su vez, el objeto perseguido por el sistema de inscripción en el Registro de Planes personales de futuro contemplado en la ley regional queda garantizado a nivel nacional por la inscripción de la escritura otorgada ante fedatario público en el Registro Civil.
En definitiva, el sistema de apoyos considerados en la normativa autonómica queda contemplado dentro de las medidas de apoyo previstas en la legislación básica estatal.
