El 30 de diciembre de 2018, el Gobierno de Castilla-La Mancha firmó un convenio con la entidad financiera Liberbank para el fomento de la venta y el alquiler social de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.
En su seno, en enero de 2020 se produjo una reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento del convenio, integrada por representantes de la Consejería de Fomento y de la entidad financiera, en la que se llevó a cabo un repaso de las 150 viviendas vacías que contempla el convenio, distribuidas por la región, y se abordó la mejora de los procedimientos de adjudicación para ampliar el número de personas beneficiarias y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
En febrero de 2022, el presidente García-Page mantiene un encuentro con representantes de entidades financieras para conocer la hoja de ruta de éstas en torno a la movilización de sus activos inmobiliarios para cooperar en materia de ocupación ilegal de viviendas. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, a la vez que se trabaja por fomentar e incentivar la vivienda en alquiler a precios asequibles a cambio de ofrecer garantías a las personas propietarias, también se plantea la movilización de viviendas vacías propiedad de las entidades financieras para luchar contra la ocupación ilegal y a la vez proveer vivienda en el mercado de alquiler a precios accesibles para las familias.
En la línea de potenciación del diálogo con las entidades financieras que lleva a cabo el Gobierno de Emiliano García-Page desde el año 2015, se ha presentado una nueva medida en beneficio de las personas jóvenes para mejorar su acceso a la vivienda. El Gobierno regional ha firmado el plan 10.000 con agentes privados para la construcción de 10.000 viviendas en régimen de alquiler y de compraventa a precios asequibles. En este acuerdo se incluye la creación de avales para que, personas jóvenes que tienen ingresos suficientes para pagar una hipoteca pero no liquidez para afrontar el pago del 20% de la vivienda que les permita acceder al crédito, cuenten con un aval público que les facilite el acceso a una vivienda digna.
