El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene el compromiso que adquirió con los agentes sociales en julio de 2015 de congelar la presión fiscal, un compromiso que ha cumplido y que se mantiene también desde 2019, como se pone de manifiesto en los Presupuestos Generales de la Junta aprobados en 2020, en 2021, 2022 y 2023.
Además, las Cortes han aprobado en mayo de 2021 la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo rural, impulsada por el Gobierno regional, una norma que, por primera vez en nuestro país, introduce incentivos fiscales en la lucha contra la despoblación, dentro del ámbito de las competencias autonómicas.
De este modo, en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contempla una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas, así como la desgravación del 10 por ciento para la adquisición o rehabilitación de una vivienda para quienes vivan o quieran vivir en el medio rural. Asimismo, para las empresas que se instalen en territorios despoblados se prevé un 40 por ciento de ayuda adicional de la Administración regional, que además prevé crear un fondo dotado inicialmente de 10 millones de euros para garantizar la financiación de proyectos empresariales.
Estas ventajas fiscales incluyen, además, la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.
También, la Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha para 2023 incluye el paquete de deducciones fiscales anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el Debate del Estado de la Región de octubre de 2022, que tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer a las familias y proteger a las rentas medias y más bajas frente a los efectos de la inflación; y, por otro, fomentar la inversión empresarial. Esta Ley se publica el 2 de enero de 2023 y entra en vigor el día siguiente a su publicación.
