El Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado la Oficina de Contratación Pública, para que gestione toda la actividad contractual administrativa de la Junta. La creación de este organismo viene recogida en La Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM el 11 de mayo de 2016. Su composición, ámbito de actuación, finalidad y funciones han sido reguladas a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 31 de octubre de 2018.
Con esta nueva Oficina se pretende potenciar la transparencia en materia de contratación pública y reducir así el riesgo de posibles prácticas contrarias a la ética y al ordenamiento jurídico en este ámbito, generándose, además, importantes economías de escala y una especialización en las relaciones entre la Administración y sus proveedores.
Además, se persigue implementar medidas tendentes a la centralización de las obras, suministros y servicios de utilización común de la Junta; disminuir el número de procedimientos negociados sin publicidad y contratos menores, incorporándolos a sistemas de racionalización de la contratación que aseguren la publicidad y transparencia en la contratación; y aumenten las oportunidades de negocio del tejido empresarial autonómico.
En este sentido, el Registro Oficial de Licitadores de Castilla-la Mancha se ha integrado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, lo que mejora la competitividad de las empresas de la región para concurrir a los diferentes contratos públicos.