El Gobierno Abierto se basa, entre otros, en el principio de rendición de cuentas y asunción de responsabilidad: la actividad pública y la de sus servidores exige la asunción de la responsabilidad derivada de tal desempeño, mediante el impulso de la evaluación de políticas y la rendición de cuentas.
Es indispensable un proceso de evaluación consistente en un proceso integral de observación, análisis y consideración de la intervención pública, encaminado a valorar su diseño, desarrollo y ejecución, el cumplimiento de los objetivos, su impacto y las correcciones necesarias para la mejora de las estrategias públicas.
Los artículos 11 y 13 de la Ley de transparencia y Buen Gobierno, aprobada y publicada en diciembre de 2016, regula la información sobre planificación y evaluación, así como la información sobre procedimientos administrativos y calidad de los servicios, regulando aquellos aspectos de las cartas de servicios, como los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración. En particular son objeto de publicidad los resultados de las auditorías, internas o externas, de evaluación de la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos.
El 12 de julio de 2018 se publica Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno. Este Consejo adscrito a las Cortes Regionales es el órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la Ley y presentar anualmente a las Cortes de Castilla-La Mancha una memoria específica de evaluación de su cumplimiento.
El nuevo Portal de Transparencia expone los informes de evaluaciones externas del nivel de transparencia de las Comunidades Autónomas que se elaboran por diferentes organizaciones de la sociedad civil.
