El Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando una estrategia digital que entre sus objetivos tiene la reducción de la brecha digital permitiendo así a la ciudadanía, independientemente del lugar donde se encuentre, acceder a los servicios públicos de la Junta de Comunidades, garantizando, de esta manera, las mismas oportunidades de acceso a la Administración regional.
En este sentido , los presupuestos regionales de la Junta para 2023 incluyen una partida de 3,7 millones de euros para desarrollar el Espacio de Ciudadanía, un proyecto orientado a ofrecer servicios proactivos acorde a sus necesidades y demandas, a través de la creación de un punto único de relación con la administración pública, desde el cual poder desarrollar cualquier trámite integrado con la sede electrónica así como acceder a información personalizada.
Además, por parte de la Tesorería de la Junta, se ha implementado un servicio de comunicaciones de pago por correo electrónico, generando cerca de 1.200 mensajes cada día, y se ha firmado un convenio de colaboración con Correos para facilitar a la ciudadanía el pago de sus tributos mediante giro postal.
En este sentido, recordar que en el ámbito de la situación sanitaria derivada de la pandemia por covid-19, el Gobierno de Castilla-La Mancha envió 1,9 millones de mensajes a móviles de personas de la región para informar sobre aspectos relacionados con el coronavirus y del mismo modo, a través del servicio de mensajería del portal de educación, que cuenta con más de 300.000 personas usuarias, entre profesorado, alumnado y familias, se han enviado más de 1,3 millones de correos electrónicos al mes.
Por otro lado, cabe destacar la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, que incluye un precepto para desarrollar una administración digital e inclusiva en el ámbito rural, norma que potencia la administración digital como garantía de un acceso en igualdad a los servicios públicos y a las convocatorias de subvenciones en el medio rural, garantizando la accesibilidad a la tramitación telemática a la generalidad de la ciudadanía, y facilitando la formación para las tramitaciones telemáticas. Además de fomentarse, a través de los programas formativos para el personal de la Administración pública, el uso de las nuevas tecnologías por las personas empleadas en el sector público de las entidades locales, preferentemente de quienes trabajen en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.
