El Gobierno de Castilla-La Mancha practica la política de tolerancia cero frente a la ocupación ilegal de viviendas con su parque de vivienda público. Tal es así, que la propia Junta de Comunidades se ha personado en procesos judiciales para solicitar desalojos cuando no existe vulnerabilidad social. Un ejemplo de ello es el ocurrido en febrero de 2025 en el polígono de Toledo, donde después de un proceso judicial de 5 años se desalojan tres viviendas ocupadas sin que en ningún caso hubiese vulnerabilidad social.
En la misma línea se practica una política de tolerancia cero con las mafias de ocupación ilegal, que ocurren además en barrios vulnerables y representan una problemática para la convivencia vecinal, ya que en ocasiones suponen focos de prácticas de actividades ilícitas. Así, en 2020 se aprobó en las Cortes Regionales una iniciativa solicitando al Gobierno de España la aprobación de un proyecto de ley que endureciese las penas contra la ocupación ilegal, redujera los plazos de desalojos, o dotara de mayores medios a la justicia entre otras. Esta iniciativa ha sido reivindicada en distintas ocasiones ante el Gobierno de España y sigue en vía de negociación para poder alcanzar un consenso que permita su aprobación en el Congreso de los Diputados.
