El compromiso de crear unidades de inclusión de las personas con discapacidad intelectual en las distintas consejerías surge para intensificar la tutorización iniciada en 2022, con la colaboración de CERMI y Plena Inclusión, tras el primer proceso selectivo independiente para este colectivo celebrado en 2021 que culminó con la incorporación a la Administración regional de 65 empleadas y empleados públicos con discapacidad intelectual. Las personas que lograron su plaza tuvieron un tutelaje durante las primeras semanas.
En este sentido, en noviembre de 2023 se celebraron en Toledo las pruebas selectivas de la segunda edición con 35 plazas más, que junto con el primer turno, hacen un total de 100 plazas de la Función Pública a las que han accedido personas con discapacidad intelectual con este nuevo modelo, que cuenta con adaptación de espacios, ejercicios y con los textos de los temarios y de las pruebas adaptados a lectura fácil, así como el tutelaje específico en las primeras semanas de incorporación al puesto.
Además, se ha celebrado una tercera edición para cubrir 43 plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, procedentes de las ofertas de empleo público 2023-2024.
En total, desde el año 2016 el Gobierno regional ha reservado 1.438 plazas de empleo público para personas con algún tipo de discapacidad.
El 12 de mayo de 2025 el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación CIEES suscriben un convenio con el objetivo de realizar un estudio de viabilidad para la implantación de unidades de apoyo a la actividad profesional de las personas con discapacidad intelectual, implementar medidas formativas y de otro tipo que sean necesarias para favorecer y potenciar la integración, autonomía e independencia de estas personas en sus puesto de trabajo.
A través del convenio, la Fundación CIEES se compromete a facilitar los recursos profesionales consistentes en seis educadores sociales (dos para la provincia de Toledo, dos para Albacete, uno para Ciudad Real, y uno para Cuenca y Guadalajara). Ofrece la prestación de asistencia y colaboración técnica al personal con discapacidad intelectual, en acciones como el análisis y la adaptación del puesto de trabajo; la implementación del plan de acogida; el seguimiento de la adaptación y del rendimiento del personal, con el objetivo de identificar y resolver posibles incidencias que puedan interferir en el desarrollo de sus funciones; así como, utilizar los recursos cedidos con la debida diligencia.
Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha facilita la colaboración de las personas necesarias para la ejecución de las actuaciones; el acceso a las dependencias de la Administración de la Junta, así como los espacios de trabajo para la ubicación de los equipos profesionales del CIEES, siendo estos diferentes a los que ocupa el resto del personal empleado público.
Dicho convenio tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2026, y cuenta con una aportación económica de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de 213.875 euros.
