El Gobierno regional ha dado un giro radical a la política de vivienda de Castilla-La Mancha. El eje central es atender a una realidad social acuciante: el acceso a una vivienda digna para las personas en situación de vulnerabilidad, mayores, personas con discapacidad, familias y jóvenes.
En este tiempo, se ha entregado en alquiler más viviendas que las entregadas en la anterior legislatura, priorizando a personas en situación de lanzamiento por desahucio, así como otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad en la adjudicación de viviendas públicas: desde el inicio de la legislatura hemos adjudicado más de 800 viviendas.
A ello debemos sumar entre otras actuaciones la firma de los convenios de colaboración, tanto por Gicaman como por la propia Consejería de Fomento, con el Instituto de la Mujer y con la entidad sin ánimo de lucro Cáritas Diocesana de Toledo.
