El Gobierno regional ha redactado el primer borrador de la futura Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha. Un texto que contempla una visión integral de la materia, acabando con la dispersión normativa, recogiendo y respondiendo a la nueva realidad de nuestro tiempo, regulando cuestiones tan candentes como las relativas a las “unidades de convivencia”, a las “nuevas formas de familias”, a la movilidad geográfica que se exige para nuestros jóvenes en un entorno cada vez más globalizado, a los nuevos tipos de alojamientos (como pueden ser las viviendas tuteladas) y modos de gestión o producción de estos (nuevas fórmulas cooperativas o de autopromoción, por ejemplo), o también el derecho de superficie.
En este sentido, ya ha sido adjudicado el pliego de condiciones para la contratación de la prestación de los servicios de redacción del anteproyecto del futuro texto y se ha realizado una ronda de contactos con los sectores más representativos para que realicen sus aportaciones. Así, se han mantenido reuniones con más de 90 colectivos representantes de distintas organizaciones, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones, sindicatos, universidades, plataformas de afectados por la hipoteca (PAH), entidades bancarias, empresas, empresas municipales, federaciones, asociaciones vecinales y otros colectivos para recabar impresiones, al objeto de ir perfilando el articulado de una norma en la que lleva trabajando varios meses el Ejecutivo autonómico con el asesoramiento de un equipo redactor especializado.
Posteriormente, se ha realizado la apertura de un periodo de información pública sobre el anteproyecto de Ley de vivienda de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es impulsar la participación ciudadana en la redacción que precede a la presentación de proyectos de nuevos textos legislativos. El informe de alegaciones se encuentra en el gabinete jurídico de la Junta para su informe.
El Observatorio de Vivienda se contempla como una unidad estadística adscrita a la estructura orgánica de la Consejería competente en materia de vivienda, que tiene como objeto principal la caracterización de la oferta de vivienda de protección pública en la región, así como la determinación de las necesidades de los usuarios y demandantes de vivienda de protección pública. Es el encargado del conocimiento de la situación del parque residencial y análisis periódico del mercado de la vivienda en la región, de realizar estudios, informes y encuestas, que pondrá al servicio de las administraciones públicas como una fuente de referencia para la toma de decisiones en en materia de planificación y programación de políticas públicas de vivienda.
El proyecto de Decreto que crea el Observatorio de Vivienda se ha sometido a consulta pública entre el 8 y 27 de marzo de 2017.
