El Gobierno de Castilla-La Mancha, a su llegada, dio los primeros pasos para elaborar la normativa para poner fin al copago farmacéutico de aquellas personas que superaban el mínimo que establece el Real Decreto 17/2012 del Gobierno de España.
Así, se estudiaron las distintas posibilidades para evitar que la ciudadanía tuviera que adelantar de sus propios recursos un dinero para la obtención de sus tratamientos y se desarrolló una adaptación de los soportes telemáticos para hacerla posible.
Finalmente, el 1 de mayo de 2016 entraba en vigor la Orden de 21 de abril de 2016 que evitaba que las personas jubiladas y pensionistas tuvieran que asumir más gasto del marcado estrictamente en la norma estatal. De esta medida se han beneficiado alrededor de 100.000 pensionistas y han dejado de abonar más 600.000 euros al mes, lo que supone para ellos un ahorro total anual de 7,2 millones de euros.
El balance de esta medida, al finalizar el mes de febrero de 2018, refleja la importante suma de dinero que las personas pensionistas de Castilla-La Mancha han dejado de aportar de sus propias economías domésticas en la adquisición de sus medicinas. Han sido 19,6 millones de euros los que este colectivo ha dejado de adelantar, cumpliendo así con el compromiso dado por el Ejecutivo regional de implantar esta medida correctora de desigualdades.
