El Gobierno regional dota a la UCLM de los recursos necesarios para acometer las nuevas contrataciones permitidas por la normativa nacional autorizando cada año la oferta de empleo público de la Universidad. En el caso del personal docente e investigador, la convocatoria correspondiente a 2016 ha sido de 20 plazas de profesor titular, 20 plazas de catedrático de Universidad y 3 de profesor contratado doctor para transformar en permanentes investigadores del Programa Ramón y Cajal.
Aunque no existe una partida específica para la transformación de acreditados, ya que se incluye todo en el concepto de Nominativa, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha favorecido, siempre a la luz del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria, la aprobación de las ofertas de empleo público sujetas a tasa de reposición por el gobierno central. Asimismo, para 2018, la nominativa de la UCLM se eleva a 140 millones de euros.
Además, la disposición adicional XXI de la Ley de Presupuestos recoge que se ha de firmar un contrato-programa que recoja la financiación adecuada para las universidades. Si los contratos-programa reflejasen necesidades de financiación diferentes a las previstas por las nominativas, la Consejería de Hacienda debe establecer las modificaciones presupuestarias necesarias para poder hacer frente a dichas necesidades de financiación.
El paso del 50% al 100% de la tasa de reposición, junto con la aprobación de las ofertas de empleo público de la UCLM conforme a la normativa vigente por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha hecho que se reduzcan significativamente las listas de docentes acreditados para Titular de Universidad y para Catedrático de Universidad. En este sentido, el convenio de financiación firmado entre el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha 2018-21 recoge la financiación y una senda operativa para el crecimiento de la plantilla de Personal Docente Investigador hasta 2021, con el objetivo de garantizar los costes de personal de la universidad y de reducir progresivamente, siempre respetando la normativa estatal, las listas de acreditados.
