En octubre de 2016 el Gobierno regional aprobó la Instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, un valioso instrumento con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha contribuye a promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de exclusión social, además de potenciar la seguridad y salud laboral, entre otras medidas.
De este modo, la instrucción establece la obligatoria inclusión, en la fase de preparación de los contratos, de las cláusulas sociales que garanticen que la empresa adjudicataria cumpla con la normativa en materia de acceso al empleo de colectivos con dificultades de integración en el mercado de trabajo como son las personas con discapacidad, personas en situación de riesgo o exclusión social, así como los parados de larga duración, mayores de 45 años.
Entre las novedades que supone la instrucción destaca la posibilidad de que la Administración regional pueda resolver el contrato o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria en el caso de esta incumpla algunas de las cláusulas sociales recogidas en el expediente de contratación.
Además, el Gobierno regional reserva el 8% del total de la contratación de la Junta a centros especiales de empleo y empresas de inserción, otra medida para conseguir una sociedad más justa y solidaria desde el ámbito de la contratación pública.
