El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha situado en la vanguardia de las Administraciones Públicas al aprobar una Instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, con importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, cumplir con las condiciones laborales pactadas en convenio colectivo y la observancia del principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Del mismo modo ha completado en 2017 el nuevo marco normativo regulador de la economía social en Castilla-La Mancha, con la aprobación de la Ley de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales, el decreto para la promoción de cooperativas y sociedades laborales, y la tramitación electrónica del depósito de cuentas, la inscripción de nuevas sociedades y las certificaciones de denominación no coincidente del Registro de Cooperativas.
La colaboración entre las entidades sin ánimo de lucro y el Servicio Público de Empleo es otra de las vías de colaboración del Gobierno con la economía social, más de 4.300 personas se beneficiaron de las políticas de integración social de las personas con discapacidad. Los 114 talleres de empleo desarrollados por entidades sin ánimo de lucro han beneficiado ya a 930 personas.
Además el Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha, tiene como finalidad favorecer la creación, consolidación y modernización de dichas entidades, y la creación de empleo estable y de calidad para la región. Incluye 4 líneas de ayudas: subvenciones para la promoción, subvenciones a la inversión, subvenciones para la mejora de la competitividad y subvenciones para el fomento de la comercialización
