Una de las primeras cuestiones que abordó el Gobierno regional al comienzo de la legislatura fue realizar un inventario de los órganos colegiados de participación ciudadana existentes y conocer las normas que regulaban su funcionamiento, así como su composición y periodicidad en las reuniones, con el objetivo de armonizar e impulsar dichos órganos de participación.
El capítulo III de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno recoge normas de gobierno abierto, entendido éste como aquel que busca e incentiva la participación ciudadana en la definición de normas, planes, programas, servicios públicos, así como en su evaluación, reclamando de ellos las iniciativas y sugerencias que tengan por convenientes. Se trata de un aspecto éste que, sin embargo, ha de tener la necesaria concreción legal y reglamentaria.
El Consejo de Gobierno se ha reunido periódicamente con diferentes colectivos para conocer de cerca sus inquietudes y poder atender sus demandas ciudadanas, en los denominados Consejos de Gobierno Abiertos.
Para impulsar la transparencia y mejorar los mecanismos de información pública, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está colaborando con la Federación Española de Municipios y Provincias para realizar cursos en las cinco provincias dirigidos a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas sobre transparencia en las entidades locales.
Por otro lado, el Gobierno regional ha iniciado el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de Participación de Castilla-La Mancha, con un proceso previo de recogida de aportaciones desde varias entidades y asociaciones. Se ha implementado una plataforma virtual de participación ciudadana para recoger aportaciones de entidades en el proceso de elaboración de esta norma. Finalmente, se aprueba la Ley en diciembre de 2019. Esta nueva ley crea el Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha, como órgano colegiado de participación, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo, regula los órganos y unidades administrativas con competencias en materia de participación ciudadana en el ámbito de la Administración regional y fomenta una cultura de participación ciudadana responsable, inclusiva y solidaria a través de varios mecanismos, entre los que se encuentra fortalecer el tejido asociativo en la región.
La nueva Ley de Participación Ciudadana también contempla la tramitación del Programa Anual de Participación Ciudadana, que elabora la también creada Comisión Interdepartamental de Participación Ciudadana teniendo en cuenta, en su caso, las iniciativas y sugerencias efectuadas por la ciudadanía a las propuestas inicialmente elevadas por las diferentes Consejerías. Además, establece elaborar un inventario de los órganos sectoriales de participación en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, que cuenta con la debida publicidad en el Portal de Participación Ciudadana.
