El compromiso con los servicios y prestaciones a la ciudadanía que prestan los Ayuntamientos es firme. De este modo, las Cortes de Castilla-La Mancha, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, aprobaron la Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad de los servicios públicos como medida de protección de los mismos en Castilla La Mancha ante la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
La Red de Servicios Sociales Básicos, constituida por profesionales de apoyo social de las zonas PRAS y del Plan Concertado, recupera su implantación al 100% en la región después de haber sido desmantelada en la anterior legislatura. Se garantiza la cobertura de todas las plazas vacantes en las áreas y zonas del PRAS (atención primaria de servicios sociales en municipios de menos de 3.500 habitantes), en total 14 plazas, lo que ha supuesto recuperar al 100 % la cobertura en servicios sociales básicos de toda la región.
Se ha mejorado el sistema de financiación de los Servicios Sociales a las corporaciones locales, anticipando los fondos. Así, hemos establecido cuatro libramientos (40% a la firma, 20% julio, 20% septiembre, 20% noviembre) para todos los convenios de Atención Primaria, Ayuda a Domicilio e Integración Social, mediante los cuales se han hecho abonos anticipados de la aportación de la Consejería, sujeto a posterior justificación. Este sistema modifica el anterior que consistía en justificar previamente los 3 primeros libramientos, lo cual suponía que los ayuntamientos tuvieran que adelantar grandes cantidades de dinero, lo que producía verdaderos problemas de gestión.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado, en 2018, un 6,6 por ciento el importe del presupuesto del Marco de Concertación con las Entidades Locales hasta alcanzar los 58 millones de euros.
Estos avances se demuestran en el último Informe DEC, relativo al desarrollo de los servicios sociales que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que la región ocupa el puesto nº 7 en la clasificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una puntuación de 5,4 puntos, 5 décimas más que en la anterior aplicación con una perspectiva positiva, al haber mejorado sus tres indicadores de gasto y haber mejorado en un mayor número de indicadores de cobertura.
