El Gobierno de Castilla-La Mancha combate la desprotección social desde diversos ámbitos: estableciendo procedimientos de emergencia ciudadana a través del Plan de Garantías Ciudadanas, mejorando el Ingreso Mínimo de Solidaridad, agilizando la concesión de ayudas de emergencia social, incorporando equipos técnicos de inclusión en la atención primaria, articulando la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF, entre otros, todo ello asentándose en el Sistema de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
La Red de Servicios Sociales Básicos, ha recibido un fuerte impulso en esta legislatura, en primer lugar recuperando el 100 por cien de su cobertura de todas las plazas vacantes en las áreas y zonas del PRAS (atención primaria de servicios sociales en municipios de menos de 3.500 habitantes), en total 14 plazas, lo que ha supuesto devolver al 100 por cien la cobertura en servicios sociales básicos de toda la región.
Se ha incorporado por primera vez el Fondo Social Europeo a la red de atención primaria para abordar el fenómeno de la exclusión social en todas sus vertientes incorporando más profesionales que trabajan en red con las entidades del Tercer Sector.
Con la aprobación de la Ley de Presupuestos y Ley de Medidas Tributarias hemos establecido procedimientos de emergencia ciudadana en los que vamos a agilizar la tramitación de Ayudas de Emergencia Social e Ingreso Mínimo de Solidaridad y otros, estos Procedimientos de Emergencia Ciudadana, han recibido un fuerte impulso en los presupuestos de 2018 con una partida total de 143 millones en 2018.
El tercer sector juega un papel importante en el Sistema de Servicios Sociales y por ende en la protección social a las personas más vulnerables de nuestra región, así, con la incorporación de los fondos de la convocatoria de subvenciones, para la financiación de los programas y proyectos de interés general, con cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene como finalidad:
a) Programas para la atención de personas con necesidades de atención integral sociosanitaria.
b) Programas para la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral.
c) Programas para el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia; son un 90% más de entidades de iniciativa social las que intervienen en nuestro territorio a través de un 82% más de proyectos sociales y un 8,5% más de fondos que se ajustan a la estrategia que entidades y administración regional estamos llevando a cabo para la protección social de las personas con dificultades sociales en nuestra región.
Además el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mejorado el Ingreso Mínimo de Solidaridad al doblar el presupuesto, aumentar la cuantía por beneficiario y el tiempo que se puede percibir. Para 2018 el ingreso mínimo de solidaridad pasa de 420 euros a 446,45 por persona al mes más incremento por miembro de la unidad familiar de 6,6% del SMI. Puede llegar a reconocerse más allá de 24 meses y de forma consecutiva, es decir, desaparece la interrupción de 3 meses para renovarlo por otros 6, si hay menores de 16 años en el hogar, si no se cobran prestaciones por desempleo o asistenciales y si se está en paro u otras circunstancias acreditadas por los servicios sociales. En total, pueden beneficiarse 4.500 familias, un 50 por ciento más que ahora. El presupuesto asciende a 15,4 millones de euros.
En cuanto a las ayudas de emergencia, prestación única que se otorga en situaciones excepcionales, se pretende atender a 5.800 familias con 6,8 millones de euros consignados para ello, y se ha establecido una modificación en la orden para que en casos de desahucio o pobreza energética tengan un tratamiento agilizado y no esperen orden de prelación, estableciéndose una “urgencia” mayor sobre las situaciones de emergencia para estos casos.
