Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad de los servicios públicos con el objetivo principal de garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos, clarificando y dotando de seguridad jurídica el régimen aplicable a competencias tan esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que puedan seguir prestándose por los Ayuntamientos.
Esta Ley viene a paliar las consecuencias de la aprobación de la reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno de España y la falta en la anterior legislatura de medidas legislativas necesarias sobre esta materia para acabar con la amalgama legislativa y la inseguridad jurídica que genera la Ley estatal.
En este sentido, el Gobierno regional también ha propuesto al Gobierno central que se elabore una nueva Ley de Régimen Local que incluya mecanismos de cooperación entre instituciones y ayuntamientos, apostando por una modificación de la norma actual. Esta petición fue refrendada por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP).
