El Pacto por la recuperación económica en Castilla-La Mancha 2015-2020 firmado entre el Gobierno regional con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT recoge, como una de sus líneas estratégicas, el compromiso de no subir la presión fiscal al tejido empresarial de Castilla-La Mancha.
En ese sentido, los tributos modificados en 2016 no afectaban en ningún modo a la actividad empresarial de la región, y en 2017 y 2018 el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido la congelación fiscal, una decisión muy valorada por la Confederación de Empresarios de Castilla-La mancha (CECAM), cuyo presidente ha trasladado al Gobierno regional su satisfacción de que la Junta cumpla su compromiso de no incrementar la presión fiscal a los empresarios castellano-manchegos.
A la vez, el Gobierno regional ha puesto a disposición de los empresarios un importante volumen de recursos dirigidos a incentivar la inversión empresarial, para los nuevos empresarios y para los ya existentes, a través del Plan Adelante, con más de 7.900 empresas beneficiadas, instrumento que incluye el Plan de Autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, a través del cual ya se han beneficiado más de 11.100 emprendedores.
Además, el Gobierno regional ha propuesto al Gobierno central la posibilidad de que las empresas que se ubiquen en zonas despobladas paguen menos impuestos o tengan desgravaciones fiscales para compensar el sobreesfuerzo que supone vivir en esas zonas.