En octubre de 2015 se estableció un Grupo de Trabajo de la Junta de Comunidades junto con representantes del sector cinegético y conservacionistas para consensuar las posibles modificaciones a introducir en la Ley de caza. Una vez culminado el texto de la nueva ley, fue sometido a participación pública, tras contar con la colaboración con todos los interlocutores sociales implicados, incluyendo tanto a cazadores como a medioambientalistas, beneficiando especialmente la llamada caza social.
Con todas las aportaciones, se redactó un texto que permite un desarrollo sostenible de un sector cuyos beneficios socioeconómicos se resumen en más de 6.500 empleos y una facturación anual que supera los 600 millones de euros, además de aportar entorno a 1,6 millones en jornales.
El 15 de marzo de 2018 las Cortes Regionales aprobaron la Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en Materia Medioambiental y Fiscal, que fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 26 de marzo de 2018.
Es intención de esta norma promover y garantizar la contribución de la gestión cinegética a la conservación de los hábitats naturales y especies silvestres de esta región, fomentar buenas prácticas tanto cinegéticas como agrícolas como de otros usos y actividades con objeto de favorecer la actividad cinegética y la conservación de los recursos cinegéticos.
En esta nueva ley se hace especial hincapié en que la caza se realice en condiciones de seguridad para los propios cazadores y para las personas y los bienes y se garanticen los derechos de los titulares de los cotos y de los aprovechamientos cinegéticos, además de dotar de una simplificación de la carga administrativa para el desarrollo de la actividad cinegética y de favorecer el ejercicio de la caza en igualdad de oportunidades mediante el fomento de la caza social.
