La Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, pionera en España, es una apuesta del Gobierno regional por incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo, dando soluciones a la gestión eficiente de los recursos naturales, la biodiversidad y la energía, promoviendo la economía colaborativa, el consumo responsable, la correcta gestión de residuos, o la innovación entre otras medidas.
Por otra parte, se impulsa la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a fin de adaptar la legislación a las nuevas directrices europeas en materia de medio ambiente, que afecta tanto a la regulación de infraestructuras de pozos y regadíos, como a la gestión del agua y a la protección de la avifauna.
Tras finalizar el período de información pública de ambas leyes, el Gobierno regional trabaja en la incorporación de las aportaciones realizadas, derivadas del proceso participativo.
El 5 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno toma en consideración el anteproyecto de Ley de Economía Circular y aprueba el Proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Es en la X Legislatura cuando ambas leyes se han materializado. La Ley de Economía Circular se aprobó el 28 de noviembre de 2019, con el apoyo de Cs y la abstención del PP, y la Ley de Evaluación Ambiental se aprobó el 6 de febrero de 2020, por unanimidad.