El Gobierno trabaja para que las consultas y/o reclamaciones de la ciudadanía en relación con los servicios energéticos se resuelvan desde los ámbitos administrativos con competencia en materia de energía y los servicios de consumo. Los plazos de resolución oscilan entre 24 horas y un máximo de 4 meses, cuando hay procedimientos de trámite de audiencia a las partes o intervienen las juntas arbitrales en el caso de consumo.
El 30 de agosto de 2018, la consejera de Economía, Empresas y Empleo se reunió con el Secretario de Estado de Energía. En esa reunión se planteó, entre otras cuestiones, la necesidad de mejorar la legislación en defensa de las personas consumidoras. Posteriormente a esa reunión, en octubre de 2018 se publica el Real Decreto Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, norma que ha sido mejorada con cambios en 2020 y 2021, con más medidas de protección a los consumidores vulnerables, garantías en el suministro, bono social, contratación con discriminación horaria para una reducción de tarifas o la eliminación de prácticas fraudulentas por parte de las comercializadoras eléctricas.
El 23 de mayo de 2019 se aprueba por unanimidad la Ley del Estatuto de personas consumidoras en Castilla-La Mancha, con el apoyo de los tres grupos parlamentarios de las Cortes regionales. En esta normativa se regulan los procedimientos extrajudiciales para la resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje de consumo. En todos los casos, las empresas prestatarias de servicios energéticos han de adherirse voluntariamente al sistema arbitral de consumo.
En 2021 el Gobierno regional lanza una campaña para fomentar el sistema arbitral de consumo como herramienta ágil, gratuita y amistosa de resolución de conflictos, al que ya están adheridas cerca de 12.000 empresas. De forma paralela, se está trabajando con las corporaciones locales en recuperar los colegios arbitrales, que al retirarse la financiación en 2012 se dejaron inoperativos.
Además, se ha iniciado y concluido un proceso participativo en la elaboración de un anteproyecto de Ley de Garantías y Medios para la Resolución Alternativa de Conflictos en Materia de Consumo.
