El cambio de modelo energético en el que estamos inmersos, pasa por actuar de manera importante en el sector de la edificación. En este contexto, las administraciones públicas son una parte importante por sí mismas, pero también por la función ejemplarizante que pueden y deben desempeñar. Mejorar el alumbrado público de los ayuntamientos, sustituyendo las antiguas luminarias por otras más eficientes, intervenir en las instalaciones térmicas y de iluminación de sus edificios y actuar sobre los edificios de la propia Comunidad Autónoma, son actuaciones en las que ya se trabaja para ahorrar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Para mejorar el rendimiento utilizamos medidas complementarias con el uso de las TIC, tales como: sistemas de control local o remoto de encendido y regulación, sistemas de regulación, relojes astronómicos y sistemas de control y gestión centralizada con telemando. El Gobierno utiliza incentivos económicos con origen FEDER para el impulso de estas prácticas eficientes.
El pasado 8 de marzo de 2018 se firmó el contrato para la certificación energética de los edificios adscritos a la Consejería de Economía Empresas y Empleo, con objeto de promover el ahorro y la eficiencia energética en las dependencias de la Administración regional.
En respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, en mayo de 2022 el Gobierno de España aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector público al que se pueden sumar otras administraciones públicas y entidades privadas. El objetivo es racionalizar el uso de edificios e instalaciones administrativas y establecer formas de organización del trabajo que propicien el ahorro. Entre las medidas destacan el establecimiento de horarios de encendido y apagado de edificios, el incentivo del uso del transporte público y el refuerzo del trabajo a distancia.
Con el propósito de estar preparados ante posibles interrupciones del suministro gas ruso hacia Europa, en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el 26 de julio, se alcanzó un acuerdo político de reducción voluntaria de la demanda de gas natural del 15¿% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 respecto a la media del mismo periodo de los últimos cinco años. En el caso de España se ha fijado esta reducción de la demanda de gas en un 7%.
Y en agosto se aprueba un Real Decreto-ley 14/2022 con un plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia. El 25 de agosto el Congreso de los Diputados acordó su convalidación.
De este modo, la refrigeración de estos edificios no se puede poner por debajo de los 27 grados centígrados ni la calefacción por encima de los 19. Las puertas de acceso a los locales han de tener cierres automáticos y las luces de los escaparates se han de apagar a las 10 de la noche. Además, los inmuebles tienen que hacer una revisión extraordinaria de sus calderas e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre de 2022, si la última la hicieron antes del 1 de enero de 2021. La norma también incluye medidas para sustituir los combustibles fósiles por renovables.
