El Gobierno de Castilla-La Mancha, en este ámbito, mantiene diversas reuniones de trabajo en Bruselas en enero de 2016 con el objetivo de buscar financiación adicional a la aportada por el Plan de Vivienda Nacional para llevar a cabo políticas de rehabilitación de viviendas. El objetivo es fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas, para una reactivación sostenible del sector de la construcción, unos edificios más seguros y confortables y unas ciudades de mayor calidad, así como mejorar la eficiencia energética para dar cumplimiento a los compromisos de la Estrategia Europea 2030 y conseguir una economía de bajo consumo de carbono.
Por otro lado, se han formalizado convenios con entidades financieras para acercar la financiación a los sectores de la sociedad con menos recursos y que puedan acometer actuaciones de rehabilitación edificatoria de sus viviendas en el porcentaje del coste de las obras que no pueda ser cubierto con ayudas públicas, como los suscritos con Caixabank, Liberbank, Globalcaja, Eurocaja Rural y Banco Sabadell. A esto se añade la iniciativa llevada cabo de firmar un convenio con Bankia para destinar a alquiler social las viviendas titularidad de esta entidad financiera.
A modo de balance, las convocatorias de ayudas a la rehabilitación edificatoria en esta legislatura han puesto a disposición 20,2 millones que han llegado a más de 11.600 viviendas.
Asimismo, entre 2016 y 2017 se ponen a disposición de las entidades locales 8 millones de euros para la realización de auditorias energéticas y renovación del alumbrado público, así como para el aprovechamiento de energías renovables y la adquisición de vehículos eficientes.
En el sentido de rehabilitar energéticamente y destinar a alquiler a precios asequibles, y en el marco de los Fondos Europeos llegados a la Región por la crisis provocada por el coronavirus, en junio de 2023 se convocan ayudas al incremento del parque público de viviendas mediante la adquisición de viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), con un crédito inicial de 400.000 euros, dirigidos tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de lucro. Las entidades beneficiarias pueden recibir una subvención de hasta 75.000 euros (nunca superior al 100% del coste de la vivienda) para la adquisición de viviendas, su rehabilitación y destino posterior a alquiler social.
