La Ley 2/2021 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, aprobada en mayo de 2021 y en vigor desde el 1 de junio, establece en el capítulo dedicado a la cohesión económica la promoción de medidas de fomento de la economía social con el fin de impulsar la creación y consolidación de empleo inclusivo en estas zonas.
El principal instrumento de aplicación de la Ley, la Estrategia Regional frente a la Despoblación aprobada en diciembre de 2021, cuenta con 8 líneas de acción en lo que se refiere a la economía social. La economía social contribuye al mantenimiento del tejido productivo, al empleo estable y de calidad, y al emprendimiento de las personas jóvenes y de más edad en las zonas rurales con problemas de despoblación. Por ello, las medidas van desde el desarrollo normativo sobre entidades de economía social, pasando por acciones que, con un enfoque integral, cubran desde el apoyo económico y asesoramiento para la constitución de estas entidades, hasta al asesoramiento y tutorización durante sus primeras etapas de vida, así como por la promoción y difusión de las mismas.
Por otro lado, se incluyen también actuaciones para promover la mejora de las capacidades de estas empresas y entidades mediante el fomento de la contratación de personas cualificadas, además de ayudas para la incorporación de personas socias mujeres y la promoción de la juventud en las fórmulas de empresas de economía social.
En noviembre de 2021 se inicia el proceso participativo para la elaboración del Plan Estratégico de la Economía Social de Castilla-La Mancha 2022-2025. En el documento de consulta inicial se contempla que el plan se articule en torno a 6 ejes estratégicos, el sexto de ellos destinado a la vertebración territorial y a evitar la despoblación de zonas rurales y pequeños municipios. El proceso finaliza en diciembre de 2021 con 12 comentarios con 397 visitas.
Esta nueva estrategia prevé impulsar el apoyo económico que las empresas de economía social reciben del Gobierno regional, a través de ayudas a la incorporación de personas socias, al mantenimiento de la actividad productiva y de sus entidades asociativas, con convocatorias anuales y especial atención a la situación provocada por el covid-19. Desde 2019 se han destinado 4 millones de euros.
Todas estas iniciativas van a reforzar el apoyo que el Gobierno regional viene realizando a las cooperativas y sociedades laborales, tanto en el ámbito agroalimentario como en otros sectores de actividad. El objetivo es crear un tejido más fuerte y unido, con entidades más grandes. Así se ha concretado en las seis Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) que integran a 42 cooperativas, con 24.000 personas asociadas, con una facturación superior a los 300 millones de euros y, por otro lado, las diez Agrupaciones de productores agroalimentarios, que integran a 33 empresas y 18.000 socios y socias, con un volumen de negocio que ronda los 170 millones de euros. El Gobierno regional concede ayudas para planes de comercialización conjuntas, pero también ayuda a la constitución de nuevas cooperativas y a la incorporación de personas socias, así como subvenciona actividades de difusión de la economía social.
Hay que mencionar asimismo la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, aprobada en noviembre de 2019, que persigue la incorporación de las mujeres a la economía de las zonas rurales mediante acciones para el afloramiento de las cotitularidades en las explotaciones agrarias y para la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión de las organizaciones del sector, principalmente.
