Tras la crisis del sector inmobiliario en el año 2008, hubo viviendas que quedaron en manos de entidades financieras y actualmente algunas de ellas aún se encuentran deshabitadas.
Desde el año 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene un diálogo constante con las entidades financieras para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía. Junto a la creación de las Oficinas de Intermediación, se trabaja en que dichas viviendas vacías sean puestas en funcionamiento para ahondar en el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables.
Dentro de esta línea de trabajo, el 2 de febrero de 2020 se alcanzó un acuerdo con Liberbank para destinar más de 150 viviendas vacías en manos de la entidad financiera al fomento de programas de alquiler social.
En febrero de 2022, el presidente García-Page mantiene un encuentro con representantes de entidades financieras para conocer la hoja de ruta de éstas en torno a la movilización de sus activos inmobiliarios para cooperar en materia de ocupación ilegal de viviendas.
Por otro lado, hay que mencionar la estrategia contra la ocupación ilegal que está llevando a cabo el Gobierno regional. En este sentido, uno de los objetivos perseguidos es que las viviendas ocupadas que son propiedad de entidades financieras, además de solventar los conflictos de convivencia que están suponiendo, puedan ser puestas en el mercado de alquiler a precios asumibles.
El 13 de enero de 2022, el presidente García-Page mantiene una reunión de trabajo con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la que, junto a las grandes reivindicaciones en materia de infraestructuras, se trató la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en zonas concretas y localizadas de la región.
El presidente García-Page volvió a poner la cuestión sobre la mesa en la reunión con el ministro de la Presidencia de abril de 2022, que coordina interministerialmente la propuesta de Castilla-La Mancha para hacer frente a la ocupación ilegal y de cara a trabajar conjuntamente en una estrategia a nivel nacional. El ministro se comprometió con el Gobierno de Castilla-La Mancha a analizar, estudiar y dar respuesta lo antes posible al texto elevado al Gobierno de España.
En junio de 2023 el Gobierno regional sacó una nueva convocatoria de ayudas para que los Ayuntamientos y entidades publicas puedan adquirir viviendas propiedad de la SAREB para destinarlas a alquiler social. Las ayudas pueden ser del 100% del coste de la vivienda, con el límite de 75.000 euros por vivienda.
