Para facilitar el gran papel que juegan las asociaciones en la defensa de los derechos de consumo, el Gobierno regional promueve convocatorias anuales de subvenciones para la participación de asociaciones de personas consumidoras. Están dotadas con 150.000 euros para cada ejercicio, y se articulan en dos líneas de ayudas: una para la gestión de los programas que llevan a cabo las asociaciones y otra para financiar los gastos derivados de su participación en los litigios en defensa de las personas consumidoras. Con estas ayudas se facilita el trabajo de las asociaciones y se reactiva el movimiento asociativo de las personas consumidoras.
Entre 2020 y 2023 se han publicado cuatro convocatorias, con un presupuesto total de 600.000 euros. La última de ellas, en febrero de 2023.
Son entidades beneficiarias las asociaciones de personas consumidoras que figuren inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha. Es posible la financiación de hasta el 100% del coste total del programa o servicio, hasta un máximo por entidad beneficiaria de 60.000 euros.
Además, se han mantenido reuniones con el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, se está trabajando en la elaboración de sendos decretos que modifican la regulación tanto del registro de asociaciones de consumidores en la región como del funcionamiento del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Asimismo, está prevista la firma de un convenio de colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha en el que se contempla la participación de las asociaciones de consumidores en la gestión de recursos como el Teléfono del Consumidor o los Puntos de Inclusión Digital, así como en otros programas como la monitorización de precios de productos básicos.
Del mismo modo, el Observatorio de consumo de Castilla-La Mancha, cuyo decreto de creación se publicó el 28 de junio de 2022, tiene como objetivo analizar la situación actual del consumo en el territorio de Castilla-La Mancha y su evolución prospectiva, con el fin de mejorar la promoción y protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras, y la finalidad de servir como herramienta para el desarrollo de las políticas de consumo y como instrumento de recepción de inquietudes, percepciones y expectativas a las acciones y medidas que se adopten al respecto.
Se configura como un órgano colegiado, e incluye en su composición, entre otras, a personas representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, de las organizaciones de asociaciones vecinales, de las organizaciones empresariales y de organizaciones de personas con discapacidad.
