La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. De esta forma, la ciudadanía puede conocer cómo se toman las decisiones que le afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, fomentando de este modo una sociedad más comprometida y participativa. El derecho de acceso a la información pública consiste en el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener la información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señale la ley.
En este sentido, se entiende como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de sus organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha ha supuesto un avance sin precedentes en la materia, lo que contribuye a la regeneración democrática promoviendo prácticas que redundan en la eficiencia y la eficacia en la administración pública. En desarrollo de la ley, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2017 fija la obligación de publicar las agendas de los altos cargos y asimilados de la Junta y sus organismos autónomos. De esta manera, a modo de ejemplo, el Instituto de la Mujer ha habilitado un espacio de transparencia donde se publica la información de forma actualizada, estructurada y clara al que se puede acceder desde la página web de la Junta, el Portal de Transparencia y desde la propia web del Instituto de la Mujer.
Además, el Gobierno regional garantiza, con la incorporación efectiva de cláusulas sociales en los expedientes de contratación pública, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, el fomento de la estabilidad en el empleo, la inserción laboral de personas con discapacidad, la accesibilidad, la seguridad y salud laboral, la formación profesional, el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas y la inclusión de requerimientos medioambientales, entre otros.
