La detección, protección, atención integral y reparación del daño a las víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia, racismo, xenofobia o violencia machista son prioridades del Gobierno regional.
Por ello, en relación a los derechos de las personas LGTBI y más específicamente en relación al derecho a la igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación, la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, establece, en su artículo 8, la prohibición expresa de terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento que busquen modificar y patologizar la orientación sexual, la identidad sexual, el desarrollo sexual o la expresión de género de las personas LGTBI.
Además, para garantizar la asistencia a cualquier persona que sea víctima de delitos de odio, se contemplan una serie de mecanismos para resarcir de manera efectiva dichas agresiones.
Con esta finalidad, en el artículo 20 de la mencionada Ley, se establece la creación de un Servicio de Atención Integral a Personas LGTBI cuyo objetivo es proporcionar información, atención y asesoramiento sexológico, psicológico, legal, social y administrativo para atender a quienes sufran, hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI, con el fin de dar respuestas adecuadas a las necesidades de estas personas. El 20 de diciembre de 2022, el Gobierno regional publicó la Orden 243/2022, por la que se regula la estructura, composición y funcionamiento de dicho servicio. En su artículo 2.1, define la prestación de un servicio de información, atención y asesoramiento sexológico, psicológico, legal, social y administrativo para atender a las personas que sufran, hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI.
La Ley también contempla la realización de una Guía de Delitos de Odio que defina todas las formas, comportamientos, actitudes y expresiones LGTBIfóbicas, racistas o xenófobas y cuyo objetivo es el acompañamiento y la ayuda técnica a todas las víctimas de delitos de odio, promoviendo la denuncia de las mismas ante las autoridades competentes, tal y como expresa el artículo 56.
Igualmente, el artículo 58, establece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Gabinete Jurídico, previa evaluación de los hechos por parte de la consejería competente en materia LGTBI, a requerimiento expreso de esta y, previo informe de viabilidad jurídica, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal del Estado, en los procedimientos penales por delitos en relación con la orientación o identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTBI, en los casos de homicidio o asesinato, o cuando las especiales circunstancias lo aconsejen, al igual que ocurre en los casos de violencia de género.
Por último, el artículo 22 de la Ley contempla el desarrollo del Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención de la diversidad sexual en Castilla-La Mancha, de manera transversal y desde el enfoque de género, para dar cobertura a las necesidades y garantizar los derechos de las personas LGTBI. Los informes sobre la evolución de los delitos de odio que se producen en España, que elabora el Ministerio del Interior, ponen de manifiesto el aumento de las infracciones penales por delitos de odio relacionados con la orientación sexual e identidad de género, que han pasado de ser 278 infracciones en 2019 a 466 en 2021. Además, en solo tres años las víctimas han pasado de 321 a 530, las detenciones e investigaciones han ido a la par, pasando de 137 a 209 y los hechos esclarecidos han pasado de los 199 a 314.
Estas cifras desagregadas por comunidades autónomas, ofrecen que en Castilla-La Mancha las infracciones penales han pasado de 5 a 7 por delitos de odio relacionados con la orientación sexual e identidad de género entre 2019 y 2021, el número de víctimas de 5 a 8, de no producirse ninguna detención en 2019 a 5 detenciones en 2021 y los casos esclarecidos han pasado de 2 a 6, lo que pone de manifiesto una labor más eficaz en la investigación de los hechos denunciados. Además, la tasa de delitos de odio conocidos en Castilla-La Mancha es inferior a la media nacional y se ha mantenido así en estos años en los que se han elaborado estos estudios.
