En la actualidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a activar y a poner a pleno rendimiento las Juntas Arbitrales de Transporte, tras cuatro años de paralización durante el Gobierno del Partido Popular.
El objetivo principal de las Juntas Arbitrales es resolver reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias del transporte. Si la controversia no excede de 15.000 euros, y ninguna de las partes que intervienen en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad de excluir la competencia de las Juntas Arbitrales antes de que se inicie o debiera haberse iniciado conforme a lo pactado la realización del servicio contratado, las Juntas Arbitrales son las únicas competentes para resolver estas reclamaciones. Si excediera de 15.000 euros, para que sean competentes las Juntas Arbitrales, es necesario que las partes intervinientes, de común acuerdo, sometan a su conocimiento la controversia de que se trate.
Las Juntas Arbitrales del Transporte resuelven reclamaciones e intervienen en conflictos, de contenido económico, en relación con los siguientes transportes terrestres (carretera, ferrocarril y cable): urbanos (autobús, taxi, tranvía, funicular, etc.), interurbanos (autocar, taxi, ferrocarril, etc.), de mercancías (carga completa, fraccionada, etc.) y de viajeros (regular, discrecional, turístico, alquiler de vehículos, etc.).
En la anterior legislatura, las Juntas Arbitrales de Transporte han estado paralizadas en la práctica, siendo una reivindicación constante del sector, ya que facilita enormemente la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial y a coste cero.
