Una de las prioridades del Gobierno de Castilla-La Mancha es el desarrollo económico de las zonas rurales de la región, no únicamente en el ámbito del sector primario, sino también en el sector industrial y en el de la construcción.
Junto a la aprobación de la nueva Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP), que amplía la superficie ocupable para el desarrollo de actividades industriales, se planteó la inclusión de un régimen urbanístico particular para los municipios de menos de 5.000 habitantes en el proyecto de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), de cara a flexibilizar la normativa para facilitar el desarrollo de la actividad económica. Esta norma es, asimismo, la articulación de una respuesta frente al covid-19 en materia urbanística, teniendo muy presente el contexto de las zonas rurales.
El 20 de mayo de 2020, en el marco de los trabajos preparativos para la elaboración de la Ley SUMA, el Gobierno de Castilla-La Mancha se reunió con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el impacto que dicha normativa tiene en los municipios de la región.
El texto fue aprobado por el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha el 11 de febrero de 2021 con los votos a favor del Partido Socialista y de Ciudadanos. Gracias a esta normativa, se facilita el desarrollo de las zonas rurales, en las cuales se eliminan trabas administrativas y se introducen flexibilizaciones fiscales. Destaca, entre otras cosas, la introducción de la definición de núcleo rural tradicional en el artículo 2 para poder regularizar zonas urbanísticas de nuestro territorio que por estar en suelo rústico y pudiendo ser considerado núcleo de población no puede estar clasificado como suelo urbano o urbanizable por el planeamiento municipal. Además, la Ley SUMA contempla que una parte de las plusvalías generadas por los grandes proyectos urbanísticos de la región vayan directamente a financiar inversiones en las zonas rurales, tal y como se refleja en los artículos 22 y 24 del texto normativo.
A su vez, se han comenzado los trabajos de reforma de la Ley del Suelo, donde también se está ahondando en la regulación urbanística de las zonas rurales.
El Decreto 108/2021 que determina las zonas rurales de Castilla-La Mancha conforme a la tipología que establece la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del medio rural (artículo 11) fue publicado en el Diario Oficial el 25 de octubre de 2021, al objeto de aplicar medidas derivadas de la planificación y programación de actuaciones, que algunas tienen que ver con la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
