El Gobierno regional, con la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos garantiza los servicios y prestaciones sociales de ciudadanía, dotando de seguridad jurídica el régimen aplicable a competencias tan esenciales como la educación, la sanidad y servicios sociales, para que puedan seguir prestándose por los Ayuntamientos, hasta tanto sean definitivamente asumidas por la Administración Autonómica tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica.
El Gobierno ha unificado en un nuevo marco de concertación con las Corporaciones Locales en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria en un único convenio que aglutina las distintas prestaciones técnicas que se financian, lo que supone un paso más en la simplificación de procedimientos y agilización de trámites en el marco del Plan que al respecto se ha aprobado por el Gobierno regional, así como afianzar la Atención Primaria, dotándola de mayor estabilidad financiera.
Las zonas PRAS (Programa Regional de Acción Social) de Castilla-La Mancha vuelven a estar cubiertas por los Servicios Sociales básicos en toda la región, tras haberse producido la contratación de catorce trabajadores sociales en las zonas sin cobertura, garantizando de este modo los servicios sociales de Atención Primaria en el 100% del territorio.
Se han reforzado los convenios de Ayuda a Domicilio, Proyectos de Integración Social, Plan Concertado, etc. que ofrecen los Ayuntamientos.
Se han definido unos criterios objetivos para la financiación de los convenios para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria que permite unificar y homogeneizar la financiación a nivel regional y constituye una garantía de derecho para las Entidades locales suscriptoras de los convenios y rompe con los criterios restrictivos que se fijaron en 2014.
