El Gobierno regional trabaja para preservar la autonomía municipal, potenciar la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones para evitar duplicidades y hacer más ágil y eficiente la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
De este modo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado la aprobación en las Cortes regionales de la Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad de los Servicios Públicos, una norma que blinda las competencias municipales a la vez que ofrece garantía y continuidad a los servicios de los ayuntamientos ante la reforma de la administración local promovida por el entonces Gobierno de España y aprobada por las Cortes Generales en 2012, sin consenso parlamentario ni político.
Por otro lado, se han llevado a cabo otra serie de medidas legislativas como son la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, que introduce modificaciones en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para adaptarla a las regulaciones de la Ley estatal del Suelo, de manera que se realizan mejoras en los procedimientos para la rehabilitación urbana de municipios, además de introducir una nueva regulación de la figura del aprovechamiento preexistente para agilizar los instrumentos de planeamiento de los municipios.
También, se ha aprobado el Decreto de Delimitación de Zonas Prioritarias, una norma que supone un apoyo transversal y estratégico a los municipios, en especial a los que necesitan de una mayor implicación de las instituciones para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, como son lo que están incluidos en el marco de la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias.
