Los servicios jurídicos de la Junta realizaron una exhaustiva auditoría para esclarecer los gastos de la tarjeta de empresa del exdirector de RTVCM, Ignacio Villa, tras las informaciones vertidas en diversos medios de comunicación de ámbito nacional y que apuntaban a supuestos gastos sin justificar por un importe superior a los 136.000 euros.
Fue precisa la colaboración del Consejo de… LEER MÁS +
Los servicios jurídicos de la Junta realizaron una exhaustiva auditoría para esclarecer los gastos de la tarjeta de empresa del exdirector de RTVCM, Ignacio Villa, tras las informaciones vertidas en diversos medios de comunicación de ámbito nacional y que apuntaban a supuestos gastos sin justificar por un importe superior a los 136.000 euros.
Fue precisa la colaboración del Consejo de Administración del ente público con la finalidad de arrojar transparencia absoluta sobre este asunto y comprobar en qué se había gastado cada céntimo de euro del dinero de los ciudadanos. Lo exige la ley, la decencia, la moral y la ciudadanía.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado la prohibición del uso de tarjetas de crédito o débito con cargo a cuentas de titularidad pública y ha instado al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas a que incorpore dicha prohibición en un proyecto normativo con rango de ley, norma que ha sido publicada el 11 de mayo de 2016.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en las Cortes el pasado 16 de diciembre de 2016 contempla como Disposición Adicional Cuarta la elaboración de un código ético para sus altos cargos o asimilados en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, en el que se establecerán los órganos competentes para el seguimiento de su aplicación y determinará la responsabilidad que pueda derivar de su incumplimiento, sin perjuicio del régimen sancionador que ya establece la norma.
El 27 de febrero de 2018 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 7/2018 que aprueba el código ético para los altos cargos y asimilados de la administración de la Junta de Comunidades. Se ha constituido la Comisión de Ética Pública encargada de velar por el cumplimiento del mismo.
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